Por Willard Manrique, CEO del Grupo Crosland y especialista en Dirección Comercial por el PAD
La denuncia presentada por Mercado Libre contra Temu, vinculada a la forma en que se comunican promociones y condiciones al consumidor, puede leerse como una señal de cambio: la oferta deja de ser solo creatividad comercial y empieza a evaluarse también como transparencia -o como un potencial riesgo reputacional y regulatorio-. El debate ya no se limita a quién vende “más barato”, sino a cómo se construyen y comunican precios, descuentos, cupones y condiciones antes de que el consumidor pague.
La mecánica es conocida: porcentajes de descuento, cupones, envío gratis, contadores regresivos y estímulos para acelerar la compra. La tensión aparece cuando una compra se ve “barata” en el primer pantallazo, pero cambia al revisar restricciones, plazos o condiciones. En un entorno de tráfico caro y márgenes ajustados, esa diferencia puede volverse competitiva.
Barato no siempre se define en el botón pagar, sino en la postcompra. Ahí suele jugarse la reputación: expectativas vs. realidad (plazos y claridad), cumplimiento (entrega, devoluciones, atención) y confianza (trazabilidad y consistencia).
Las aduanas operan como un “peaje” para entrar a un país: exige clasificar correctamente productos (partidas arancelarias) y un error puede derivar en retención de mercadería e inmovilización de capital. A mayor escala, estos episodios pueden amplificar costos y fricciones para varios actores.
Por qué esto importa en Perú (y por qué importa ahora)
En Perú, ya está en agenda el crecimiento de compras transfronterizas —y sobre cómo se ordena ese flujo—, entre otros motivos por el riesgo de “comercio hormiga” (uso personal que termina en reventa sin tributar como corresponde). En ese contexto, la claridad de la oferta deja de ser detalle y se vuelve parte de la experiencia y de la confianza.
Además, el fenómeno ya muestra escala local. En Perú, se estima que plataformas como Temu, Shein y AliExpress manejan alrededor de 100.000 envíos diarios, una cifra que supera con creces el promedio de un operador logístico tradicional en el país (CAPECE, 2025). A ese volumen, cualquier ambigüedad sobre precio final, condiciones o plazos puede multiplicarse en reclamos y fricción operativa.
Este volumen pone en primer plano la última milla: entregas fallidas, riesgos de pérdidas/robos y márgenes estrechos donde una ineficiencia mínima puede afectar la rentabilidad del reparto. En la práctica, la promesa comercial también compite con la realidad operativa.
Por eso gana terreno un modelo más realista para ciudades como Lima: PUDOs (pick up & drop off points), es decir, lockers o bodegas como puntos de recojo. La lógica es simple: capilaridad y conveniencia para retirar cuando se pueda, reduciendo intentos fallidos. En paralelo, algunos consumidores empiezan a valorar menos “máxima velocidad” y más precisión (saber cuándo llega, no solo “en algún momento del día”).
Chancay como acelerador: más flujo, más exigencia
A esto se suma el Puerto de Chancay. En el sector logístico local se le mira como una pieza que podría recortar en alrededor de 10 días los tiempos del corredor Asia–Perú y, con ello, facilitar un mayor flujo de envíos crossborder (compras transfronterizas, es decir, ventas online desde un país hacia consumidores en otro). Eso no significa automáticamente “todo será más barato”, pero sí sugiere un escenario probable: más eficiencia tiende a habilitar más volumen, y más volumen empuja a elevar estándares de claridad, trazabilidad y cumplimiento.
Si el crossborder se vuelve más frecuente, marcas y plataformas no solo competirán por precio: tendrán que sostener una promesa completa (precio final entendible, condiciones claras y experiencia post compra consistente) en un entorno con mayor escrutinio. Por eso, más que una disputa puntual, el caso Mercadolibre–Temu anticipa una pregunta que ganará espacio entre consumidores y empresas: ¿estamos frente a una oferta realmente sostenible o simplemente una guerra de precios para comprar participación de mercado?
